Plataforma de Afectados por la Hipoteca – La Rioja

PAH La Rioja

  • Publicaciones

  • Introduce tu dirección de correo electrónico para seguir este Blog y recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones en tu buzón de correo electrónico.

    Únete a otros 5.387 seguidores

  • Categorías

  • PAH La Rioja

    615 18 81 49
    Horario atención telefónica de lunes a viernes
    Mañanas: 9:00h - 14:00h
    Tardes: 17:00h - 20:00h

    Twitter: @La_PAH
    Facebook: PAH La Rioja
    Mail:
    pahlarioja@afectadosporlahipoteca.com
  • Calendario

    enero 2016
    L M X J V S D
    « Dic   Feb »
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
  • Sígueme en Twitter

  • Facebook

Carta abierta al presidente Puigdemont instando a la aplicación total de la Ley 24/2015

Posted by PAH La Rioja en 26/01/2016

Sr. Presidente Carles Puigdemont,
Nos dirigimos a usted como Presidente del nuevo Gobierno de Cataluña, en nombre del Grupo Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la emergencia habitacional y la pobreza energética. Hace más de 6 años que estamos denunciando la estafa hipotecaria y la preocupante inacción de los diferentes gobiernos y administraciones para detenerla. Asimismo, hemos alertado sobre la vulneración diaria del derecho a la vivienda digna y nos hemos visto obligadas a actuar de urgencia para detener miles de desahucios, arrancar colectivamente a la banca daciones, condonaciones y alquileres sociales para las familias, o inclusive realojando, cuando se cierran todas las puertas y las familias se quedan en la calle. Por si fuera poco, hace 2 años nos tuvimos que organizar también para poner fin a los cortes de suministros y a la pobreza energética, ejecutados por unas empresas suministradoras que se comportan como los bancos con los desahucios: beneficio máximo y ningún tipo de responsabilidad. Como sabrá, también desde el primer día, hemos hecho propuestas legislativas solventes y serias para poner fin a esta injusticia, porque hay vidas en juego y porque ninguna sociedad debería soportar las consecuencias nefastas de una situación de emergencia habitacional y social como la que hemos sufrido en los últimos ocho años.
En julio pasado, un texto legal impulsado por la sociedad civil y que recogía las medidas necesarias para poner freno a la emergencia en el ámbito de la vivienda, la “ILP Habitatge”, logró un hito histórico. Por primera vez, una ILP en el ámbito de los derechos esenciales se convirtió en ley: la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, fue aprobada por unanimidad en el Parlamento. Hablamos de la norma más garantista de todo el Estado en el ámbito del derecho a la vivienda, y el único marco normativo en vigor en Cataluña con medidas efectivas contra la pobreza energética. Hay que remarcar que, además del apoyo unánime del Parlamento de Cataluña, este texto legal recibió el aval de más de 150.000 catalanes y catalanas que firmaron nuestra iniciativa legislativa popular. La Ley 24/2015 ha venido para quedarse, y lo más importante, para implementar y proteger el derecho humano a una vivienda digna y adecuada.
Como no podría ser de otro modo, una vez aprobada la ley, nos pusimos a trabajar, puesto que teníamos bien claro que la aprobación de una ley no transforma la realidad de inmediato. Hemos elaborado y publicado documentos jurídicos para que las personas conozcan sus derechos y los reclamen a los juzgados y hemos interpelado a los Jueces Decanos para que apliquen la Ley 24/2015. También hemos trabajado intensamente con la Generalitat, la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y la Agencia de Consumo de Cataluña, elaborando una guía de aplicación de la norma para los Ayuntamientos, una para los usuarios y otra para a las entidades financieras. Y hemos participado en las 9 formaciones que se han realizando por todo el territorio catalán a más de un millar de trabajadores de la Administración local. Un esfuerzo mutuo para la aplicación diligente de esta ley que tanto necesitábamos y que, evidentemente, ponemos en valor. Pero todavía quedan muchos pasos imprescindibles que hacer.
Presidente, en algunas de sus primeras entrevistas a medios de comunicación que hemos podido escuchar, nos ha parecido inconcreto o quizás confundido en relación a la importancia y vigencia de esta norma. Dado que el plan de choque del nuevo gobierno ha sido el centro del debate en los últimos días, le queremos recordar y aclarar que la Ley 24/2015 es plenamente vigente. A pesar de tener una ley útil y potente, es cierto que los desahucios, los cortes de suministros y las deudas de por vida no se han detenido todavía en Cataluña. Es por eso que le pedimos voluntad, determinación y coraje político para aplicarla. La responsabilidad de la Generalitat de Cataluña no se acaba en las formaciones y en generar herramientas para los Ayuntamientos. Por ello, le instamos a asumir un compromiso público y firme a la hora de ejecutar las siguientes acciones para completar la aplicación plena de la mencionada ley de manera urgente:
  • Desarrollar el reglamento de segunda oportunidad que permitirá a las familias dejar atrás el sobreendeudamiento asociado a la vivienda y empezar de nuevo. Sin este reglamento, la segunda oportunidad que establece la Ley en sus artículos iniciales es mera retórica, ya que es inaplicable y resta eficiencia a la norma, que fue pensada como un todo. Esto da carta blanca a las entidades financieras para seguir chantajeando a las familias, y continúa condenándolas a la exclusión social y a la economía sumergida para evitar los embargos y la persecución de deudas asociadas a la vivienda habitual, a las que no pueden hacer frente. Recordemos que la misma Ley fija 3 meses para disponer de un mecanismo extrajudicial de segunda oportunidad, y un año para presentar proyecto de ley que desarrolle las medidas contra el sobreendeudamiento de los consumidores relacionado con la vivienda habitual.
  • La Ley obliga a los Ayuntamientos y a la Generalitat, subsidiariamente, a movilizar la vivienda vacía de bancos y grandes tenedores necesaria para proteger el derecho a la vivienda de las familias en situación de exclusión residencial y que incumple su función social mediante la cesión obligatoria. Si esta posibilidad que la Ley aporta no se aplica, no podremos acabar con la emergencia habitacional en nuestro país. Con más de 65.000 familias desahuciadas, un parque público de alquiler social del 1% y más de 480.000 viviendas vacías en Cataluña, según datos del IDESCAT, la cesión en parte de este parque de viviendas se convierte en algo indispensable y urgente. Para hacerla efectiva, es necesario hacer un censo de viviendas vacías y que la Generalitat aplique la cesión obligatoria hasta alcanzar un parque social temporal que nos ayude a frenar el golpe, ya que los ayuntamientos, exceptuando los más grandes, no tienen suficientes recursos para llevarlo adelante. Hoy mismo, la Generalitat puede demostrar que quiere resolver la infradotación de vivienda social en Cataluña y proteger a las familias condenadas a perder su vivienda habitual, iniciando la cesión de tantas viviendas (de las 47.000 vacías de grandes tenedores ya identificadas en Cataluña) como familias en exclusión residencial haya.
  • Liberar a las familias de la deuda que se deriva de la pobreza energética firmando los convenios con las suministradoras de agua, luz y gas que la Ley establece, por lo que serían las empresas suministradoras las que se harían cargo de las ayudas y los descuentos muy significativos en las facturas de las personas en riesgo de exclusión residencial. No tiene sentido que cada Ayuntamiento haga un convenio diferente; esta tarea debe ser asumida por la Generalitat y tenemos que poder disponer de convenios que den la misma cobertura a todas las ciudadanas de Cataluña. Como anterior alcalde de Girona, usted conoce bien las necesidades y las dificultades de los municipios a la hora de sentar a las grandes empresas para que asuman los compromisos que les tocan. Mientras no existan estos convenios, las deudas de las familias aumentan si no son los ayuntamientos los que asumen -con fondos públicos- los impagos. Lo que no tiene ningún sentido es que se transfiera 1.1 millones de euros de fondos públicos para solventar el cobro de facturas impagadas a estas empresas, tal como se ha hecho con el Fondo de la Generalitat. Las empresas suministradoras deben asumir la responsabilidad que implica gestionar servicios básicos, servicios de interés general y necesidad básica. Y, por lo tanto, deben hacerse cargo de la deuda de las familias que no pueden pagar, tal como establece la ley, teniendo en cuenta los cuantiosos beneficios que obtienen.
  • Sancionar los incumplimientos de la Ley para incentivar que se aplique y se alcancen sus objetivos. No se puede permitir la impunidad con que las empresas suministradoras incumplen la Ley 24/2015; por eso exigimos a la Generalitat que inicie los procedimientos sancionadores pertinentes por los cortes de suministro que no respetan el principio de precaución. Es decir, cuando se ha cortado el suministro sin haber contactado previamente con los servicios sociales, tal como establece la norma, para comprobar si se trata de una familia en riesgo de exclusión residencial. El mecanismo sancionador es indispensable para evitar que las empresas suministradoras miren hacia otro lado mientras continúan haciendo cortes de los servicios básicos. También hay que aplicar el correctivo correspondiente a los incumplimientos de las entidades financieras que no detienen los desahucios para hacer la obligada oferta de alquiler social. La Ley prevé mecanismos para corregir los incumplimientos flagrantes de los derechos establecidos y, lógicamente, hay que utilizarlos.
  • Dotar de partida presupuestaria suficiente para garantizar a todos los efectos y tal y como determina la norma, el derecho a la vivienda de las familias en exclusión residencial. Esto significa calcular qué presupuesto es necesario para dar cobertura a lo que determina la Ley, como por ejemplo en las siguientes aplicaciones: ayudas al alquiler para casos de impagos a pequeños tenedores; formación de comisiones para el sobreendeudamiento, y la ampliación del registro y funcionarios que trabajarán para desarrollar la Ley.
Cuando iniciamos la ILP Habitatge, anhelábamos poner fin de una vez por todas a la Cataluña que lidera el ranking de la vergüenza en desahucios, cortes de suministros, familias endeudadas y pisos vacíos que no cumplen su función social. Sin una determinación clara en la aplicación de la Ley 24/2015 por parte del Presidente del Gobierno de Cataluña y de todo el arco parlamentario en pleno junto a los municipios, no se podrá conseguir. Nosotras, la gente afectada, la sociedad civil, tenemos claro que queremos una Cataluña que lidere el ranking en la conquista de derechos, no del empobrecimiento. Es por ello que, con determinación, continuaremos haciendo todas las acciones necesarias para conseguir la aplicación integral de la Ley 24/2015.
En materia de derecho a la vivienda, el plan de choque lo ha marcado la ciudadanía hace tiempo: el nuevo gobierno y el nuevo Parlamento deben tener como prioridad detener y revertir la emergencia habitacional y la pobreza energética en Cataluña. Tenemos una herramienta potentísima para conseguirlo: la Ley 24/2015.
Para continuar trabajando en su aplicación, esperamos encontrarnos con usted mismo, la Consejera de Gobernación, de quien depende Vivienda, y del Consejero de Economía en los próximos días. Presidente, esperamos su respuesta.
Atentamente,
Grupo promotor de la ILP Habitatge,
Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Alianza contra la Pobreza Energética
Observatori DESC
[CATALÀ]
                                            
Benvolgut President Carles Puigdemont, 
Ens adrecem a vostè com a President del nou Govern de Catalunya, en nom del Grup Promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica. Fa més de 6 anys que estem denunciant l’estafa hipotecària i la preocupant inacció dels diferents governs i administracions per aturar-la. Alhora, hem alertat sobre la vulneració diària del dret a l’habitatge digne i ens hem vist obligades a actuar d’urgència per aturar milers de desnonaments, arrencar col·lectivament a la banca dacions, condonacions i lloguers socials per a les famílies, o inclús reallotjant, quan es tanquen totes les portes i les famílies es queden al carrer. Per si fos poc, fa 2 anys ens vam haver d’organitzar també per posar fi als talls de subministraments i a la pobresa energètica, executats per unes empreses subministradores que es comporten com els bancs amb els desnonaments: benefici màxim i cap tipus de responsabilitat. Com sabrà, també des del primer dia, hem fet propostes legislatives solvents i serioses per posar fi a aquesta injustícia, perquè hi ha vides en joc i perquè cap societat hauria de suportar les conseqüències nefastes d’una situació d’emergència habitacional i social com la que hem patit els darrers vuit anys.
 
El mes de juliol passat, un text legal impulsat per la societat civil i que recollia les mesures necessàries per posar fre a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, la “ILP habitatge”, va assolir una fita històrica. Per primera vegada, una ILP en l’àmbit dels drets essencials es va convertir en llei: la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, va ser aprovada per unanimitat al Parlament. Parlem de la norma més garantista de tot l’Estat en l’àmbit del dret a l’habitatge, i l’únic marc normatiu en vigor a Catalunya amb mesures efectives contra la pobresa energètica. Cal remarcar que, a més del suport unànime del Parlament de Catalunya, aquest text legal va rebre l’aval de més de 150.000 catalans i catalanes que van signar la nostra iniciativa legislativa popular. La Llei 24/2015 ha vingut per quedar-s’hi, i el més important, per implementar-se i protegir el dret humà a un habitatge digne i adequat. 
 
Com no podria ser d’una altra manera, un cop aprovada la llei, ens vam posar a treballar perquè teníem ben clar que l’aprovació d’una llei no transforma la realitat immediatament. Hem elaborat i publicat documents jurídics perquè les persones coneguin els seus drets i els reclamin als jutjats i hem interpel·lat els Jutges Degans per tal que apliquin la Llei 24/2015. També hem treballat intensament amb la Generalitat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Agència de Consum de Catalunya, elaborant una guia d’aplicació de la norma per als ajuntaments, una per als  usuaris i una altra per a les entitats financeres. I hem participat a les 9 formacions que s’han fet per tot el territori català a més d’un miler de treballadores de l’Administració local. Un esforç mutu per a l’aplicació diligent d’aquesta llei que tant necessitàvem i que, evidentment, posem en valor. Però encara queden molts passos imprescindibles a fer.
 
President, en algunes de les seves primeres entrevistes a mitjans de comunicació que  hem pogut escoltar, ens ha semblat inconcret o potser confós en relació a la importància i vigència d’aquesta norma. Atès que el pla de xoc del nou govern ha estat al centre del debat els darrers dies, li volem recordar i aclarir que la Llei 24/2015 és plenament vigent. Malgrat tenir una llei útil i potent, és cert que els desnonaments, els talls de subministraments i els deutes de per vida no s’han aturat encara a Catalunya. És per això que li demanem voluntat, determinació i coratge polític per aplicar-la. La responsabilitat de la Generalitat de Catalunya no s’acaba en les formacions i en generar eines per als ajuntaments. Per això, l’instem a assumir un compromís públic i ferm a l’hora d’executar les següents accions per completar l’aplicació plena de l’esmentada llei de manera urgent:
 
  • Desenvolupar el reglament de segona oportunitat que permetrà a les famílies deixar enrere el sobreendeutament associat a l’habitatge i començar de nou. Sense aquest reglament, la segona oportunitat que estableix la Llei en els seus articles inicials és mera  retòrica, ja que és inaplicable i resta eficiència a la norma, que va ser pensada com un tot. Això dóna carta blanca a les entitats financeres per continuar fent xantatge a les famílies, i continua condemnant-les a l’exclusió social i a l’economia submergida per tal d’evitar els embargaments i la persecució de deutes associats a l’habitatge habitual, als quals no poden fer front. Recordem que la mateixa Llei fixa 3 mesos per disposar d’un mecanisme extrajudicial de segona oportunitat, i un any per presentar projecte de llei que desenvolupi les mesures contra el sobreendeutament dels consumidors  relacionat amb l’habitatge habitual.
 
  • La Llei obliga els ajuntaments i a la Generalitat, subsidiàriament, a mobilitzar l’habitatge buit de bancs i grans tenidors necessari per protegir el dret a l’habitatge de les famílies en situació d’exclusió residencial i que incompleix la seva funció social mitjançant la cessió obligatòria. Si aquesta possibilitat que la Llei aporta no s’aplica, no podrem acabar amb l’emergència habitacional a casa nostra. Amb més de 65.000 famílies desnonades, un parc públic de lloguer social de l’1% i més de 480.000 habitatges buits a Catalunya, segons dades de l’IDESCAT, la cessió de part d’aquest parc d’habitatges és converteix en quelcom indispensable i urgent. Per fer-la efectiva, és necessari fer un cens d’habitatges buits i que la Generalitat apliqui la cessió obligatòria fins a assolir un parc social temporal que ens ajudi a frenar el cop, ja que els ajuntaments, exceptuant els més grans, no tenen suficients recursos per portar-ho endavant. Avui mateix, la Generalitat pot demostrar que vol resoldre la infradotació d’habitatge social a casa nostra i protegir les famílies condemnades a perdre el seu habitatge habitual, iniciant la cessió de tants habitatges (dels 47.000 buits de grans tenidors ja identificats a Catalunya) com famílies en exclusió residencial hi hagi.
 
  • Alliberar les famílies del deute que es deriva de la pobresa energètica signant els convenis amb les subministradores d’aigua, llum i gas que la Llei estableix, de manera que serien les empreses subministradores les que es farien càrrec de les ajudes i dels descomptes molt significatius en les factures de les persones en risc d’exclusió residencial. No té sentit que cada Ajuntament faci un conveni diferent; aquesta tasca ha de ser assumida per la Generalitat i hem de poder disposar de convenis que donin la mateixa cobertura a totes les ciutadanes de Catalunya. Com a anterior alcalde de Girona, vostè coneix bé les necessitats i les dificultats dels municipis a l’hora d’asseure les grans empreses perquè assumeixin els compromisos que els toquen. Mentre no existeixen aquests convenis, els deutes de les famílies augmenten si no són els ajuntaments els que assumeixen -amb fons  públics- els impagaments. El que no té cap sentit és que es transfereixin 1.1 milions d’euros de fons públics per solventar el cobrament de factures impagades a aquestes  empreses, tal com s’ha fet amb el Fons de la Generalitat. Les  empreses subministradores han d’assumir la responsabilitat que implica gestionar serveis bàsics, serveis d’interès general i necessitat bàsica. I, per tant, s’han de fer càrrec del deute de les famílies que no poden pagar, tal com estableix la llei, tenint en compte els quantiosos beneficis que n’obtenen
 
  • Sancionar els incompliments de la Llei per tal d’incentivar que s’apliqui i s’assoleixin els seus objectius. No es pot permetre la impunitat amb què les empreses subministradores  incompleixen la Llei 24/2015; per això exigim a la Generalitat que iniciï els procediments sancionadors pertinents pels talls de subministrament que no respecten el principi de precaució. És a dir, quan s’ha tallat el subministrament sense haver contactat prèviament amb els serveis socials, tal com estableix la norma, per comprovar si es tracta d’una família en risc d’exclusió residencial. El mecanisme sancionador és indispensable per evitar que les empreses subministradores mirin cap a una altra banda mentre continuen fent talls dels serveis bàsics. També, cal aplicar el correctiu corresponent als incompliments de les entitats financeres que no aturen els desnonaments per fer l’obligada oferta de lloguer social. La Llei preveu mecanismes per corregir els incompliments volguts i flagrants dels drets que estableix i, lògicament, cal utilitzar-los.
 
  • Dotar de partida pressupostària suficient per garantir a tots els efectes i tal com determina la norma, el dret a l’habitatge de les famílies en exclusió residencial. Això significa calcular quin pressupost és necessari per donar cobertura al que determina la Llei, com per exemple en les següents aplicacions: ajudes al lloguer per a casos d’impagaments a petits tenidors; formació de comissions pel sobreendeutament, i l’ampliació del registre i funcionaris que treballaran per desplegar la Llei.
Quan vam iniciar la ILP habitatge, anhelàvem posar fi d’una vegada per totes a la Catalunya que lidera el rànquing de la vergonya en desnonaments, talls de subministraments, famílies endeutades i pisos buits que no compleixen la seva funció social. Sense una determinació clara en l’aplicació de la Llei 24/2015 per part del President del Govern i de tot l’arc parlamentari en ple al costat dels municipis, no es podrà aconseguir. Nosaltres, la gent afectada, la societat civil, tenim clar que volem una Catalunya que lideri el rànquing en la conquesta de drets, no de l’empobriment. És per això que, amb determinació, continuarem fent totes les accions necessàries per aconseguir l’aplicació integral de la Llei 24/2015.
 
En matèria de dret a l’habitatge, el pla de xoc l’ha marcat la ciutadania fa temps: el nou govern i el nou Parlament han de tenir com a prioritat aturar i revertir l’emergència habitacional i la pobresa energètica a Catalunya. Tenim una eina potentíssima per aconseguir-ho: la Llei 24/2015.
Per tal de continuar treballant en la seva aplicació, esperem trobar-nos amb vostè mateix, la Consellera de Governació, de qui depèn Habitatge, i del Conseller d’Economia en els propers dies. President, esperem la seva resposta.
 
Atentament, 
 
Grup promotor de la ILP Habitatge,
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Aliança contra la Pobresa Energètica
Observatori DESC
[ENGLISH]
President Carles Puigdemont,
We address this letter to you as new President of Catalonia’s Government, and on behalf of the Advocacy Group of the People’s Legislative Initiative (ILP) on emergency housing and energy poverty. For the past six years we have decried the housing crisis and the worrying inaction of different governments and public administration offices. We have warned of daily violations of the right to adequate housing, and we have been forced to urgently react in order to stop thousands of evictions. We have tirelessly worked to negotiate with banks, debt cancellations and social rent access for families in deep economic trouble. We have re-house hundreds of families left homeless, and where no solutions were available. If this were not enough, for the past two years we have been working to end fuel and water poverty, advocating against indiscriminate cuts to the supply from companies that behave like banking institutions do with housing: maximum benefit and no responsibility. As you may be aware, we have also made a number of sound and feasible legislative proposals to end with these injustices because lives really are at stake, and because no society should be left to bear the negative consequences of a social crisis and housing emergency like we have for the past eight years.
Last July, a civil society driven legal initiative, known as the “ILP Habitatge,” or “Housing ILP,” achieved a historic milestone. The initiative included necessary measures to halt Catalonia’s housing emergency and fuel poverty. It was the first time a legal initiate of this nature and based on principles of basic human rights became law. On July 29th, Law 24/2015 on urgent measures to address the ongoing housing and fuel poverty emergencies was unanimously approved by Parliament. This is no small feat; we are speaking of the most comprehensive law concerning housing rights on the whole of the Spanish State, and the only one with a regulatory framework in place with effective measures against fuel poverty. It addition, besides the unanimous support of Catalonia’s Parliament, this legal text was endorsed by over 150,000 Catalans who signed in support of our legislative initiative. Law 24/2015 is here to stay, and most importantly, this law guaranties and safeguards adequate housing access as a human right.
Once the law was passed, we set out to continue our work, because we knew that a new law would not transform reality immediately. We have developed and published a series of legal documents to help people know and claim their rights. We have approached senior judges to promote the implementation of law 24/2015. We have also worked closely with the Generalitat, Catalonia’s Housing Agency (AHC), and Catalonia’s Consumer Agency, in order to develop user-friendly guides that will aid City Councils, citizens, and financial institutions to become aware and implement the new law at the local level. We have taken part of nine training programs across Catalonia benefiting more than a thousand local government workers. A joint effort for the diligent application of a law we all needed and have found invaluable. But there is still much work ahead.
President, in some of your first interviews to the media, we have noticed you’ve been vague, or maybe just confused, regarding the relevance and validity of this new law. Since the new government’s emergency plan has been the focus of debate in recent days, we would like to remind you of, and clarify for you, that Law 24/2015 is fully in force. Despite having an encompassing and powerful law, it is true that evictions, supply cuts, and lifelong indebtedness have not yet cessed in Catalonia. This is the reason why we ask you determination and political courage to implement it. The responsibility of Catalonia’s Generalitat does not end with forming a government and establishing new guidelines for City Councils. Therefore, we urge you to take a public and firm commitment for implementing the following actions to fully enforce the application of Law 24/2015:
  • Develop the regulatory framework that will provide Catalan families with a real second opportunity to overcome housing-related over-indebtedness and start anew. Without this regulation, the second opportunity mechanisms established by the law in its initial articles are mere rhetoric, making this crucial petition irrelevant and reducing its efficacy. This further gives carte blanche to financial institutions to continue blackmailing families, condemning them to continued social exclusion, and preventing them from leaving the informal economy if they cannot avoid wage garnishment due to ongoing housing debts (often for a home that has already been repossessed). We would like to point out that Law 24/2015 established a three-month limit for providing extra judiciary mechanisms of second opportunity, and a year for presenting a bill that will develop measures against consumer over-indebtedness in housing related matters.
  • The law requires City Councils and the Generalitat to enforce it by making available empty housing in the hands of financial institutions and large property holders where they do not uphold it of their own accord; this, in order to protect the right to housing for homeless families and housing’s social function as contemplated in the law. Otherwise we will be limiting the possibilities the law provides as well as preventing an end to the country’s ongoing housing emergency. With more than 65,000 families evicted, social housing at les than 1 per cent, and more than 480,000 empty homes in Catalonia according to the IDESCAT, the transferral of part of this housing stock is urgent and indispensable. To make this effective, a census of empty houses is needed as well as enforcing a mandatory transferral of empty properties from banking institutions and large property holders to overcome the current emergency given that most City Councils do not have enough resources to solve this on their own. Your government has the possibility of showing their will to solve Catalonia’s underfunded social housing problem and protect families from becoming homeless by initiating the transfer of the 47,000 empty houses knowingly in the hands of large property holders in Catalonia.
  • Cancel households debts derived from fuel poverty by signing agreements with suppliers of water, electricity, and gas as the law provides, so supply companies take responsibility for providing the necessary assistance programs as well as discounts to families in risk of homelessness. It makes little sense for each City Council to draft its own agreement with supply companies, this task should be undertaken by the Generalitat and we need to have agreements that give equal coverage to all Catalan citizens. As former mayor of Girona, you know well the needs and difficulties of the City Councils in pressing large companies to undertake their legal commitments. As long as these agreements are not in place, household debts will continue to rise or City Councils will end up spending their resources overtaking these responsibilities –with public funding that could be used elsewhere. What makes absolutely no sense is to transfer 1.1 million euros of public money to these large companies instead of enforcing the law –which is what has happened with the Generalitat’s Fund. These companies must assume their responsibilities of managing basic services. Thus, they should take care of household debts for families who cannot afford to do so as established in Law 24/2015, even more so in light of these companies’ vast earning increases and soaring profits.
  • Sanction breaches of the law to encourage its enforcement and in order to achieve its objectives. We cannot tolerate impunity in cases of violation of Law 24/2015. Therefore, we demand the Government to initiate the necessary procedures for punishing energy, gas, or water companies that cut a service without taking into account the precautionary principle. That is, when you cut the supply without having contacted social services, as required by law, to check if it is a family at risk of homelessness. The enforcement mechanism is necessary to avoid supply companies overlooking their responsibilities while continuing to make cuts to basic services. The same control mechanism needs to be enforced on financial institutions that do not stop home evictions and make mandatory social rent offers. The law provides mechanisms to correct breaches and flagrant violations of the rights established and these should be carried out.
  • Provide sufficient budget allocation to ensure for all purposes and as determined by the law, the right to housing of families in risk of homelessness. This means taking into account the budget required to cover what is determined by law, such as in the following applications: rent subsidies for families who cannot cover their rent in instances of small property holders; instituting indebtedness committees, and increase of the registry and social servants working in the development of this law.
When we first started our work on the “Housing ILP,” we longed for the end, once and for all, of Catalonia’s leadership in the ‘ranking of shame’ in evictions, supply cuts, indebted households, and empty flats that do not fulfil their social function. Without a clear determination to enforce Law 24/2015 by the President of the Government of Catalonia and the entire parliamentary group as well as City Councils, this will not be possible. We, the affected people, the civil society, are firm in believing and wanting a Catalonia that leads the ranking in the conquest of rights, not of impoverishment. That is why, with full determination, we will continue taking all necessary actions to ensure full implementation of Law 24/2015.
In what concerns housing rights, the Emergency Plan has long been enacted by civil society. The new government and the new Parliament must give priority to halting and reversing housing shortfalls and fuel poverty in Catalonia. We have a powerful tool to achieve this: it is Law 24/2015.
To continue working on the enforcement of Law 24/2015, we hope to meet with you, the Minister of Interior –who oversees Housing, and the Minister of Economy in the near future. President, we await your response.
Sincerely,
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s